Observatorio de Control Fiscal Ambiental OCFA


INFORME SOBRE EL ESTADO DE LOS RECURSOS NATURALES Y DEL AMBIENTE 2020-2021

Como parte del mandato Constitucional[1], la Contraloría General de la República presenta cada año el Informe sobre el Estado de los Recursos Naturales y del Ambiente (IERNA), a través del cual da a conocer varios aspectos de la gestión ambiental desarrollada por las entidades de diferentes sectores del país como el sector Salud, Agropecuario, Minas y Energía, Comercio y Desarrollo Regional, Gestión Pública, Defensa y Seguridad, Infraestructura y Vivienda y Saneamiento Básico, como parte de la evaluación del gobierno, de los compromisos frente a la utilización y conservación de los recursos naturales del país.

El primer capítulo presenta una evaluación del “Pacto IV. Producir conservando y conservar produciendo” del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, específicamente frente a los avances y resultados alcanzados durante el período 2018-2020 en los cuatro objetivos de la línea C[2] , la cual busca promover condiciones óptimas para que los territorios y los sectores prevengan y reduzcan sus riesgos, minimicen los impactos negativos asociados a los desastres y, a la vez, se adapten y aprovechen las oportunidades favorables que el cambio climático puede representar.

El segundo capítulo evalúa el gasto público ambiental de las entidades del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible y entidades de otros sectores, que ejecutaron recursos para el medio ambiente, en la vigencia 2020. La evaluación se extiende tanto a las apropiaciones del Presupuesto General de la Nación -PGN-, como a los recursos propios y administrados por las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible (CAR), provenientes de los instrumentos económicos establecidos en la Ley 99 de 1993. Adicionalmente, se incluyó la revisión de las transferencias del sector eléctrico[3] -TSE-, percibidas por los municipios y distritos por la contribución parafiscal a cargo de las empresas públicas, privadas o mixtas que generan energía eléctrica.

 

El tercer capítulo muestra un panorama general de la Región Administrativa de Planificación -RAP- del Pacífico Colombiano, conformada por los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño en el año 2016, a través de la evaluación del estado del recurso natural hídrico, uno de los principales elementos ambientales de esta región, así como las acciones adelantadas por las autoridades ambientales con jurisdicción en la zona, frente a la gestión del agua y la formulación e implementación de los planes de ordenamiento y manejo de cuencas y del recurso hídrico.

Por su parte, el cuarto capítulo se elaboró a partir de los resultados de auditorías de la Dirección de Vigilancia Fiscal -DVF- de la Contraloría Delegada para el Medio Ambiente -CDMA- relacionados con el tema de residuos, de la información suministrada por las entidades competentes, y de estudios y documentos de la Contraloría General de la República, con el propósito de evaluar la gestión gubernamental frente al manejo de los residuos en el país, incluyendo el periodo del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada para todo el territorio nacional a causa del Covid-19.

Por último, el quinto capítulo, presenta los principales resultados del seguimiento efectuado por la CDMA a los recursos utilizados en los proyectos de conservación y restauración de los ecosistemas del Delta Estuarino denominado Ciénaga Grande de Santa Marta -CGSMel cual hace parte del gran río Magdalena que atraviesa todo el país, conformado por una compleja red de humedales, meandros, planicies indudables y diferentes tipos de bosques que enmarcan el área de más de 500 mil hectáreas inscrita como sitio RAMSAR .

Los cinco capítulos muestran un panorama que ha sido reiterado por la Contraloría General de la República, en el cual se presentan deficiencias en la articulación institucional, en la gestión de las entidades del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible y en los compromisos ambientales de los demás sectores, retrasos en los avances del PND, debilidades en la asignación de los recursos y en la ejecución de los mismos, que dan cuenta de un estancamiento en la política pública ambiental del país, que no permea las instancias regionales y territoriales, poniendo en evidencia el incumplimiento de las metas ambientales nacionales e internacionales. Este informe busca brindar elementos técnicos y financieros de juicio para los tomadores de decisiones y para la ciudadanía frente a la gestión ambiental que están llevado a cabo el Gobierno y las entidades ambientales del país.

Puede acceder al informe completo en este ENLACE.

 

[1] Establecido en el numeral 7 del artículo 268 de la Constitución Política de Colombia.

[2] Colombia resiliente: conocimiento y prevención para la gestión del riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático.

[3] Renta que tiene una destinación específica a proyectos prioritarios de saneamiento básico y mejoramiento ambiental incluidos en los Planes de Desarrollo Territorial, como compensación a los impactos ambientales que producen las generadoras por su actividad económica.

 

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