Observatorio de Control Fiscal Ambiental OCFA



Contraloría le pone la lupa a la minería en la región caribe del país.

Seguimiento a la Sentencia T-733 de 2017 - Cerro Matoso y a la Sentencia SU-698 de 2017 - empresa Carbones del Cerrejón Limited S.A.

Bogotá, 25 de noviembre de 2020.



Cerro Matoso

Fotografía: Archivo Contraloría General de la República, Frente Minero y Planta industrial de refinación Proyecto Cerromatoso

Actualmente la CGR a través de su Delegada para el Medio Ambiente, se encuentra realizando una auditoría de cumplimiento cuyo propósito es evaluar el cumplimiento de las órdenes impartidas en la Sentencia T-733 de 2017 - Cerro Matoso, por la Corte Constitucional, por parte de Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge CVS.

De manera específica, con esta auditoría de cumplimiento se pretende evaluar y conceptuar:

  • Medidas de prevención, mitigación y compensación ambiental respecto a los perjuicios que pudiere ocasionar la continuación de las labores extractivas por parte de la empresa Cerro Matoso S.A.

 

  • Expedición de una nueva licencia ambiental que:
    • 1) se fundamenta en las obligaciones asumidas en la consulta previa;
    • 2) incluya instrumentos necesarios, suficientes y eficaces para corregir los impactos ambientales de sus operaciones hasta el tiempo estimado de su finalización; y
    • 3) garantice la salud de las personas que habitan las poblaciones accionantes, así como la protección del medio ambiente conforme a los estándares constitucionales vigentes.

 

  • La orden al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de:
    • 1) regular de manera específica, clara y suficiente, los valores límite de concentración para el agua y el aire, respecto a las sustancias químicas de hierro y níquel, y
    • 2) ajustar los instrumentos normativos a que haya lugar, de conformidad con los estándares de la Organización Mundial de la Salud.

 

  • La orden a la ANLA y CVS para que adopten los ajustes administrativos necesarios para la realización de un control ambiental estricto y efectivo sobre las actividades extractivas de la empresa Cerro Matoso S.A. y el cumplimiento de las medidas de mitigación, prevención y compensación que se acuerden en el proceso consultivo.

 

  • Lo relacionado con el derecho a la salud de las personas afectadas por las afectaciones ambientales ocasionadas por la actividad extractiva de la empresa Cerro Matoso S. A.

 

  • Lo relacionado con la identificación, cuantificación e internalización de los costos ambientales asociados al cumplimiento de la sentencia.

 

Se estarán anunciando los resultados en las próximas semanas.

En el capítulo V del Informe del Estado de los Recursos Naturales y del Ambiente -IERNA- del 2018-2019, se evidenció la labor de la Contraloría General de la República, frente al desarrollo desde el 2008 de varias actuaciones relacionadas con el proyecto minero de Cerro Matoso S.A. -CMSA-, las primeras encaminadas al tema minero y de regalías y las siguientes relacionadas con el tema de la terminación de los contratos 866 de 1963 y 1727 de 1971, así como una actuación especial sobre las condiciones ambientales del proyecto.

En el Informe de actuación especial de fiscalización a los contratos de concesión minera 866 de 1963 y 1727 de 1971 suscritos con la empresa Cerro Matoso s.a., la CGR evidenció que la autoridad ambiental ha permitido la explotación del yacimiento de níquel y el desarrollo del proceso industrial en condiciones que no garantizan el control y mitigación de los impactos ambientales asociados. Los informes de cumplimiento ambiental carecen de evaluaciones sobre el comportamiento de los impactos acumulativos y sinérgicos aislados. En este proyecto se evidenciaron afectaciones sobre los componentes aire y agua tanto en el proceso industrial como en la actividad extractiva. Desde el punto de vista institucional la CGR evidenció, igualmente, debilidades en las labores de seguimiento y control ambiental a cargo de la ANLA.

 

Carbones del Cerrejón Limited S.A.



Fotografía: Archivo Contraloría General de la República, Frente minero Proyecto Cerrejón

Por otra parte, la Delegada para Medio Ambiente en el mismo capítulo V del IERNA 2018-2019, citado previamente, en su análisis resaltó los resultados de las evaluaciones (o auditorías) realizadas por la CGR sobre el proyecto indicando que la Corporación solicitó evaluaciones ambientales detallas de manera previa a las intervención minera, por lo cual no soportó adecuadamente las medidas o acciones compensatorias correspondientes, frente al proyecto Tajo La Puente y la desviación del Arroyo Bruno, proyecto a cargo de la compañía Cerrejón.

Así mismo, frente a las compensaciones por afectación no se incluyeron las correspondientes a suelos, fauna, recurso hídrico superficial y aguas subterráneas, lo que conlleva a que se presente e todos los casos, pérdida neta de biodiversidad y la generación de afectaciones irreversibles sobre estos elementos del capital natural.

Sobre esta materia, la Corte Constitucional, emitió la sentencia SU 698/17 en la que se aborda el derecho a la salud, al agua y a la seguridad alimentaria de las comunidades indígenas amparando sus derechos fundamentales afectados por el desvío del cauce del arroyo Bruno que adelanta el Cerrejón. Esta sentencia se soportó, entre otros, en varios informes de la CGR tales como los Informes sobre el Estado de los Recursos Naturales y del Ambiente -IERNA- presentados anualmente al Congreso de la República e Informes de auditoría, así como un apoyo técnico de campo prestado a ese alto Tribunal.

Sentencia SU-698 de 2017 – desviación Arroyo Bruno



Fotografía: Archivo Contraloría General de la República, Arroyo Bruno

La Contraloría Delegada para Medio Ambiente, realizó en el primer semestre del 2020, una Auditoría de Cumplimiento a los "Aspectos Ambientales de la Sentencia SU-698/2017 en relación con el Proyecto de desvío del cauce del Arroyo Bruno, por parte de la empresa Cerrejón, la cual fue liberada en el mes de junio del 2020. En este ejercicio auditor se evaluó el cumplimiento de los aspectos ambientales establecidos en dicha sentencia, relacionados con la gestión de las entidades del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS), la ANLA y Corpoguajira para la protección de dicho arroyo.

 

Por otra parte, en virtud del principio de Valoración de Costos Ambientales -VCA, la gestión fiscal debe considerar y garantizar la cuantificación e internalización del costo-beneficio ambiental. Tal es el caso del informe técnico de la Mesa Técnica Interinstitucional para dar respuesta a la orden octava de la Sentencia SU698-2017, en el sentido de decidir, como medida provisional, el restablecimiento del paso de las aguas superficiales del Arroyo Bruno hacia su cauce natural, para restituir los derechos fundamentales que demandan las comunidades, pues en este ejercicio se utilizó el Análisis Costo Beneficio Ambiental como herramienta de toma de decisiones.

La CGR aplicó el Procedimiento Especializado de Auditoría para la implementación del PVCA, con el fin de evaluar la correcta implementación de las herramientas para la identificación, cuantificación e internalización de los costos ambientales que generaron las obras y actividades del proyecto de desviación del Arroyo Bruno, ejecutadas por Carbones del Cerrejón con el objeto de permitir el avance en el tajo minero La Puente.

Gracias a la implementación de este procedimiento y de sus herramientas, se pudieron determinar los errores y vacíos en la identificación de costos ambientales, en el análisis de los Servicios Ecosistémicos y su relación con las comunidades, en la elaboración de las Valoraciones Económicas Ambientales y, por ende, en el correcto desarrollo de un Análisis Costo Beneficio Ambiental, errores que reflejan serias inconsistencias técnicas para poder dar una respuesta confiable a la orden octava. En tal sentido, el Procedimiento Especializado permitió a la CGR dar mayor precisión y asertividad en el control y la evaluación a la gestión de las entidades auditadas, responsables de dar cumplimiento a la Sentencia de la Corte Constitucional.

Los hallazgos encontrados

Como resultado de la auditoría adelantada por la Delegada de Medio Ambiente, se constituyeron catorce (14) hallazgos administrativos, de los cuales siete (7) tienen posible connotación disciplinaria, debido a:

  • Deficiencias que impactan el cumplimiento de las órdenes quinta y octava de la Sentencia
  • Incumplimiento de los compromisos de mejora adquiridos por Corpoguajira frente a un hallazgo de una auditoría realizada en 2017, sobre la no realización de las medidas de compensación por los permisos y autorizaciones otorgados por esta autoridad ambiental.

En relación con la Orden Quinta, se determinó la ausencia de un plan de trabajo que se constituya en la hoja de ruta para todos los actores que hacen parte de la Mesa Interinstitucional responsable de su cumplimiento.

En cuanto a la Orden Octava, se evidenció un conjunto amplio de debilidades sobre el Informe técnico que se presentó al Juez de seguimiento, para sustentar la decisión de mantener el arroyo Bruno en el nuevo cauce; entre ellas:

  • Rigurosidad técnica en la elección y aplicación del método de valoración económica
  • Fuentes de información, soportes documentales y datos empleados
  • Evaluación de los posibles impactos del proyecto
  • Determinación de las conclusiones plasmadas en el informe.

En conjunto, son deficiencias que no mitigan la amenaza de vulneración a los derechos a la salud, al agua y la seguridad alimentaria de las comunidades afectadas por el proyecto.



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