Contraloría notifica a la Corte
Constitucional incumplimiento de dos órdenes sobre protección ambiental del
arroyo Bruno, en La Guajira
Bogotá, 13 de mayo de 2022
La Contraloría General de la República notificó
a la Corte Constitucional el incumplimiento de algunos de los aspectos
ambientales que estableció en dos órdenes de su Sentencia SU-698 de 2017, en
relación con el proyecto de desvío del cauce del arroyo Bruno, en La Guajira,
por parte de la empresa Cerrejón.
Este órgano de control hace parte de la Mesa de
Trabajo Interinstitucional que ordenó conformar dicha sentencia y su
participación se centra en realizar seguimiento a las órdenes impartidas en la
misma.
La CGR fue requerida por la Corte Constitucional
para que le diera un informe sobre los avances que conoce del cumplimiento de
esas órdenes y el estado actual de su gestión en el tema.
El reporte, elaborado por la Contraloría
Delegada para el Medio Ambiente, relaciona las conclusiones de una evaluación
que realizó sobre el cumplimiento de los aspectos ambientales establecidos en la
Sentencia SU-698/17, en lo que tiene que ver con la gestión del Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales
(ANLA) y la Corporación Autónoma Regional de La Guajira (Corpoguajira).
En relación con la Orden Quinta, la Contraloría
determinó la ausencia de un plan de trabajo que se constituya en la hoja de ruta
para los actores que hacen parte de la Mesa Interinstitucional de Trabajo,
responsable del cumplimiento de la Sentencia.
Y en relación con la Orden Octava, la auditoria
se enfocó en la evaluación al informe técnico presentado por la Mesa
Interinstitucional para sustentar la decisión de mantener el arroyo Bruno en el
nuevo cauce, determinando que se presentan las siguientes situaciones:
- Debilidades en la rigurosidad del método de
valoración económica y debilidades en la aplicación del método elegido
frente a la garantía de los derechos al agua, a la seguridad alimentaria y
la salud de las comunidades afectadas.
- Debilidades en relación con las fuentes de
información, los soportes documentales y los datos considerados en las
evaluaciones realizadas.
- Debilidades en la evaluación de los
posibles impactos.
- Y debilidades en la determinación de las
conclusiones plasmadas en el informe técnico.
Situación de compromisos de
Corpoguajira
Como resultado de esta Auditoria de Cumplimiento
de 2020, se constituyeron 14 hallazgos administrativos de los cuales 7 tienen
posible connotación disciplinaria, los cuales fueron trasladados a la
Procuraduría General de la Nación.
La CGR emitió entonces un concepto de
INCUMPLIMIENTO MATERIAL ADVERSO en los aspectos evaluados y señaló que fallas en
la gestión del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Corpoguajira
podrían impedir que se mitigue la amenaza de vulneración a los derechos a la
salud, al agua y la seguridad alimentaria de las comunidades indígenas afectadas
por el proyecto de desviación del cauce del Arroyo Bruno.
Así mismo, la Contraloría realizó
acompañamiento, en calidad de garante del proceso de sociabilización del estudio
a las incertidumbres dispuesto en la orden quinta de la sentencia a la comunidad
de La Horqueta.
El 30 de noviembre de 2021 la CGR, junto con
representantes de la Defensoría del Pueblo, se reunió con las comunidades de
Paradero y Gran Parada, quienes manifestaron que mientras no se efectuara el
desvió del arroyo no se sentarían a discutir las incertidumbres de la orden
quinta. Argumentaron que no tenían garantías para discutir el estudio, por
cuanto no disponían de los expertos para ello.
Durante 2022, la CGR ha asistido a tres
reuniones: el 26 de enero, 10 de febrero y 10 de marzo, con las mismas funciones
de acompañamiento en calidad de garantes del cumplimiento de la sentencia.
En el marco de ese acompañamiento, se efectúo
recorrido por el arroyo Bruno con la comunidad, los miembros de la mesa y los
organismos de control, se visitaron varios sitios de interés que incluían puntos
de observación antes de la desviación, en el sitio de desvío y después de éste,
así como hizo presencia en cada una de los espacios de participación en los
cuales se discutieron las incertidumbres de la orden quinta.
La comunidad efectúo observaciones e
inconformidades a las conclusiones del estudio y se negó a suscribir el acta de
la reunión. Al respecto vale precisar que, si bien la Contraloría General de la
República hace parte de la Mesa de Trabajo Interinstitucional en cumplimiento de
lo ordenado en el numeral tercero de la sentencia, no toma decisiones en
conjunto con las entidades vinculadas a la sentencia, ni aprueba los informes
producidos por dicha Mesa.
Se hará nueva auditoría
El Contralor Delegado para el Medio Ambiente,
Gabriel Adolfo Jurado, informó al magistrado Jorge Enrique Ibáñez, que se
programó para el segundo semestre de 2022 una nueva auditoría, esta vez en
cuanto al cumplimiento del Plan de Mejoramiento que suscribieron entidades como
el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales (ANLA) y la Corporación Autónoma Regional de La Guajira
(Corpoguajira), producto de la Auditoría de Cumplimiento efectuada durante la
vigencia 2020.
También se verificará el cumplimiento de las
demás órdenes de la Sentencia SU-698 de 2017.
